Por el derecho a un techo

Ha comenzado una nueva legislatura. Ante la necesidad de diálogo y pactos para sacar adelante cada medida, es momento de retomar el debate sobre un consenso de Estado en torno al derecho a la vivienda y su acceso. Este problema es cada día más visible en nuestras ciudades y pueblos.

La falta de vivienda en España se explica por varios motivos. Uno de ellos es el alto precio de la vivienda (el precio de compra ha subido un 3.5% con respeto a 2022). También el incremento constante del precio del alquiler (en Galicia supera ya los 300€ de media), el escaso número de vivienda social (apenas un 2.5%) o la falta de fondos y presupuestos destinados a la vivienda. Los datos son del “Observatorio de vivienda asequible” de la Asociación Provivienda.

Las consecuencias de esta crisis

Estos números tiene consecuencias. En los últimos años hemos visto cómo se han incrementado los desahucios  y el número de personas sin hogar. Una realidad alarmante que requiere medidas públicas. En la juventud tutelada, este problema se agrava. El número de jóvenes que no puede emanciparse en nuestro país está aumentando significativamente. Desde el 2016, la tasa de emancipación no supera el 20% en la población de entre 16 y 29 años. Si los jóvenes del sistema de protección se ven obligados a emanciparse con 18 años, corren el riesgo de quedar en una situación total de exclusión socioeconómica. Programas como el Mentor ayudan a que esa transición sea más asequible.

¿Cómo se puede solucionar? La respuesta está en la política y en su capacidad y obligación de mejorar la vida de las personas. Ahora mismo, en España hay activas diversas medidas. Como el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, que cuenta con programas de incremento del parque público de vivienda y formando del alquiler social. Otra medida es el Bono de Alquiler Joven. El camino futuro debe ser aún más ambicioso, para no dejar a nadie atrás.

Foto: Agostiño Iglesias