[Actualización a 20 abril 2020] Más de 200.000 personas trabajadoras ya se han visto afectadas por ERTE en las cuatro provincias. El empobrecimiento que esta crisis va a traer a tantas familias, sobre todo las más vulnerables, pone en grave peligro el bienestar y los derechos de miles de niñas, niños y adolescentes.
Las medidas públicas de protección deben garantizar su salud y su educación. También las oportunidades de futuro de la juventud con menos recursos para afrontar esta situación.
La vivienda es uno de los principales factores de exclusión en Galicia. La pérdida de capacidad adquisitiva llevará a muchas familias a no poder asumir los gastos asociados a ella.
El Gobierno central ha fijado en un mes la moratoria del pago de hipotecas para las familias más vulnerables. Pedimos que se fije en tres meses el período mínimo de carencia. Y que sea de aplicación a cualquier familia que haya visto mermados sus ingresos en este período.
Pedimos además la moratoria de las rentas de alquiler y de suministros básicos (luz, agua y calefacción) como mínimo mientras dure el estado de alarma para todas las familias afectadas o especialmente vulnerables.
También es necesaria una renta compensatoria de conciliación para todas las familias monomarentales y monoparentales que no tengan opción de teletrabajo. Es imprescindible evitar que sus hijos e hijas se queden desprotegidos.
El cierre de los comedores escolares, sumado al empobrecimiento de las familias, tendrá efectos negativos en la dieta infantil. La Xunta de Galicia ha habilitado una ayuda equivalente al gasto de comedor de 2,5€ por alumno y día lectivo.
Consideramos insuficiente esta cuota y proponemos una ayuda directa de 4,5€ por alumno y día lectivo. Esta ayuda debe ampliarse a otras familias beneficiarias por criterios actualizados de renta, y no solo a aquellas que ya contaban con servicio de comedor.
Nos preocupa especialmente el impacto de esta crisis en aquellas familias que ya padecían problemas emocionales o de convivencia. El aislamiento, la incertidumbre, las consecuencias económicas, el tener que convivir en espacios reducidos… Son varios los factores que pueden agravar el estrés y el malestar familiar.
Es preciso establecer un servicio público de atención emocional y terapéutica, tanto para las niñas y niños como para el resto de la familia. Y también reforzar la atención pediátrica como garantía de salud de los más pequeños.
Es imprescindible seguir contando con sistemas eficaces de atención ante un posible maltrato, desprotección o violencia contra las mujeres y contra los niños y niñas. En Igaxes ya contamos con un servicio abierto de atención a la infancia y las familias en el número 606 089 054.
La pobreza familiar limita entre un 50% y un 80% el éxito educativo. En esta situación, la reducción de la vida escolar a los deberes puede acrecentar aún más las desigualdades entre el alumnado.
No todas las familias tienen ordenador o conexión a internet. La brecha digital en Galicia es del 13%. Ni todas las madres y padres tienen la formación suficiente para ayudar a sus hijos con las tareas. Perder el contacto con profesores, compañeras y referentes positivos contribuirá a que se queden más descolgados.
Por eso pedimos que se garantice el apoyo escolar individualizado para todo el alumnado que lo precise. Esto implica tanto dotar de medios tecnológicos como de profesionales educativos. Es preciso seguir cerca del alumnado desfavorecido, con necesidades educativas especiales, dificultades de aprendizaje, logopedia, etc.
La población entre 16 y 29 años es la más afectada por la pobreza. Un 30% de la juventud está en riesgo de exclusión en Galicia. En ella se concentra la mayor tasa de trabajo temporal y precario. Precisamente el que está siendo más destruido por esta crisis.
La situación es especialmente frágil para las y los jóvenes tutelados. No tienen una familia a la que volver cuando salen del sistema de protección. Necesitan un trabajo para sobrevivir. Por eso pedimos que la Xunta de Galicia subvencione programas de formación profesional con compromiso de contratación en empresas para jóvenes en situación vulnerable.
Para estos jóvenes, el estado de alerta supone una parálisis aún mayor. Están fuera de la formación reglada o sin opciones de seguirla. Dejan de recibir clases de idioma y no pueden acceder a prácticas laborales. Cuando cumplan 18 tendrán que estar estar en posesión de un contrato de trabajo, de lo contrario se verán en situación irregular.
Como medida de protección pedimos que se les conceda una moratoria del permiso de trabajo automático (el mismo que poseen mientras son menores) hasta los 21 años. Que se les garantice apoyo escolar individual a quienes cursen ESO o FP. Y que tengan acceso a clases de idioma sea cual sea su nivel.
Contigo podemos darles la protección y la educación que necesitan. Juntos haremos posible que sean de mayores lo que sueñan ser.