Un pacto educativo
para la equidad
Necesitamos políticas capaces de garantizar una educación de calidad y compensar las desventajas
La implantación de un gran pacto por la educación es una necesidad largo tiempo demandada por agentes sociales y comunidad educativa. Ante las recientes negociaciones iniciadas en Madrid por algunas de las principales fuerzas políticas, es de la máxima urgencia apelar a un modelo que tenga por base la equidad y la igualdad de oportunidades.
Los datos de fracaso escolar mejoran en términos globales, pero no entre el alumnado más desfavorecido: el 75% de escolares con problemas socioeconómicos no alcanza el nivel medio en las pruebas PISA (OCDE, 2015), y dos de cada tres abandonan los estudios prematuramente.
Es un hecho probado que pobreza y fracaso escolar están relacionadas. Situaciones de desprotección, conflicto familiar, inadaptación o acoso no hacen más que agravar las desventajas. El futuro de miles de niñas y niños está lastrado decisivamente por no poder acceder a las mismas oportunidades de aprender y desarrollarse.
Por eso tenemos que dotarnos de un Pacto Educativo que dé total garantía de acceso a una educación de calidad y de compensación cuando se parte en situaciones de desventaja.
Una política de equidad educativa debe asegurar recursos para la conciliación; refuerzo escolar y apoyo emocional para el alumnado en situación de conflicto o dificultad; apoyo profesional para las familias; garantía de acceso a actividades educativas, lúdicas y deportivas fuera de horario escolar; y líneas específicas de inversión para que cada centro cuente con recursos adicionales para la prevención del acoso escolar y el mantenimiento de la convivencia, entre otras medidas.
Garantizar la calidad y la equidad educativas requiere una fuerte inversión. Por eso compartimos la propuesta de la Plataforma por la Escuela Pública de destinar un 5% del PIB ya desde la primera legislatura, con el compromiso de llegar al 7% a medio plazo.
Por último, es imprescindible un compromiso de estabilidad. La estructura del sistema educativo de ningún modo puede seguir viéndose alterada por la contingencia política y por la alternancia de partidos. Por ello la futura normativa debe estar consensuada y refrendada por todas las fuerzas políticas, los agentes sociales y la comunidad educativa.
Solo mediante el consenso y el compromiso de estabilidad es posible garantizar un modelo educativo que no deje a nadie atrás.