Es urgente un pacto de Estado para una educación en equidad

Necesitamos políticas que garanticen una educación de calidad y compensen las desventajas

Hace años que los agentes sociales y la comunidad educativa demandamos un gran pacto por la educación. Ante las negociaciones iniciadas en Madrid por algunas de las principales fuerzas políticas, es de la máxima urgencia apelar a un modelo que tenga por base la equidad y la igualdad de oportunidades.

Los datos de fracaso escolar mejoran en términos globales, pero no entre el alumnado más desfavorecido. El 75% de escolares con problemas socioeconómicos no alcanza el nivel medio en las pruebas PISA (OCDE, 2015). Y dos de cada tres abandona los estudios prematuramente.

Es un hecho probado que pobreza y fracaso escolar están relacionadas. Situaciones de desprotección, conflicto familiar o acoso no hacen más que agravar estas desventajas. El futuro de miles de niñas y niños está lastrado porque no tienen las mismas oportunidades de aprender y desarrollarse.

Por eiso tenemos que dotarnos de un Pacto Educativo que dé total garantía de acceso a una educación de calidad y de compensación cando se parte en desventaja.

Una política de equidad educativa debe asegurar recursos para la conciliación. También refuerzo escolar y apoyo emocional para el alumnado en situación de conflicto. Apoyo profesional para las familias, garantía de acceso a actividades lúdicas y deportivas fuera de horario escolar. Y líneas específicas de inversión para que los centros dispongan de recursos para prevenir el acoso escolar, entre otras medidas.

Fuerte inversión y compromiso de estabilidad

Garantizar la calidad y la equidad educativas requiere una fuerte inversión. Por eso compartimos la propuesta de la Plataforma por la Escuela Pública de destinar un 5% del PIB ya desde la primera legislatura, con el compromiso de llegar al 7% a medio plazo.

Por último, es imprescindible un compromiso de estabilidad. El modelo educativo en ningún modo puede seguir viéndose alterado por la contingencia política y la alternancia de partidos. Por eso la futura normativa debe estar refrendada por todas las fuerzas políticas, los agentes sociales y la comunidad educativa.

Solo mediante el consenso y el compromiso de estabilidad es posible garantizar un modelo educativo que no deje a nadie atrás.