Paremos los bulos que criminalizan a los jóvenes extranjeros no acompañados.
Como organización que acompaña a jóvenes extranjeros y trabaja cada día por su integración en la sociedad, desde Igaxes queremos expresar nuestro frontal rechazo ante cualquier discurso ideológico que incite al odio y atente contra los derechos fundamentales y contra los principios de igualdad y concordia entre todas las personas.
Foto: Agostiño Iglesias (La Voz de Galicia)
Queremos además poner de manifesto la enorme vulnerabilidad en la que se encuentran estos jóvenes antes y después de su llegada.
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Son apenas adolescentes y lo han dejado todo atrás. Muchos han puesto su vida en peligro para llegar a Europa. Viajaron en busca de una vida digna, algo que no tenían opciones de lograr en sus países. Es del todo irresponsable atribuírles por defecto conductas contrarias a este propósito.
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Es falso que los y las menores extranjeros no acompañados sean más conflictivos. No hay ningún dato que relacione una mayor actividad delictiva o violenta con la nacionalidad, ni en sus centros de acogida, ni en los barrios o localidades donde se ubican.
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En cambio, sí hay datos que apuntan a lo contrario. Según el INE, el índice de criminalidad bajó en España precisamente durante los años (de 2000 a 2014) en que más creció la población extranjera (del 2% al 10,7%).
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El discurso de odio crea una atmósfera social de alarma y responsabiliza a las personas diferentes de «no querer integrarse”. Pero de su integración es primera responsable su sociedad de acogida. Y ésta les impone -sobre todo debido a la normativa de Extranjería- toda clase de condiciones y obstáculos.
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A su llegada, la protección institucional que se les brinda da muchas veces respuestas únicas a realidades diversas. Cada persona es distinta y tiene necesidades distintas. Tienen derecho a expresarlas, a decidir sobre su futuro y a contar con profesionales especializados que les respalden en ese camino.
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Pero estos jóvenes apenas cuentan con apoyos para aprender. El sistema educativo no tiene soluciones adaptadas y les condena al fracaso. Son casos habituales los chicos derivados a un aula de ESO en la que ni siquiera pueden comunicarse porque no conocen el idioma. Es preciso contemplar ya recursos y adaptaciones curriculares que den garantías reales a su futuro escolar.
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Para ellos y ellas, la burocracia se ha endurecido. En los últimos meses observamos que obtener el permiso de residencia es cada vez más arduo, y en unos territorios más que en otros. Los procesos se dilatan y, mientras esperan, no tienen derecho a tarjeta sanitaria, a hacer deporte federado, a obtener un título oficial ni a inscribirse en el sistema público de empleo.
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En cuanto al permiso de trabajo, solo un contrato de un año a jornada completa les habilita para solicitarlo. La empresa contratante debe además estar dispuesta a tramitar los permisos y esperar hasta varios meses por la resolución. En ese tiempo, el joven no puede trabajar legalmente.
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Ademais de aliviar todos estos trámites, debe existir para ellos y ellas un plan real de integración en la comunidad de destino. Es imprescindible evitar los centros gueto y coordinar acciones con asociaciones y movimientos civiles locales. Necesitan oportunidades para crear vínculos con personas de su nuevo barrio o ciudad porque esos serán sus referentes en el futuro.
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Son menores. Están solos. Huyen de la pobreza y la violencia. De las enormes desigualdades en sus lugares de origen, Europa también es responsable histórica. Tanto las administraciones públicas como la sociedad en su conjunto tenemos la obligación de acogerles como propios, igual que los demás niños y niñas tutelados. No hacerlo es vulnerar su derecho a la protección especial refrendada en la Carta Universal de los Derechos de la Infancia.
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