Derechos infancia y juventud migrante

Reforma de Extranjería: ¿qué va a significar para la juventud migrante?

La tan esperada reforma del Reglamento de Extranjería es ya una realidad. Es un cambio que esperaban con la máxima urgencia los 15.000 niños, niñas y jóvenes migrantes no acompañadas cuyos derechos permanecían en lista de espera.

Como organización que les acompaña en su camino hacia la vida adulta, desde Igaxes celebramos un cambio que es indispensable para su inclusión social y para el cumplimiento de sus derechos más básicos.

Las organizaciones de infancia que integramos la red estatal Jóvenes e Inclusión tenemos una larga trayectoria de trabajo para compensar las enormes desventajas que afrontan los niños y niñas migrantes. Y alertando de la discriminación que el Reglamento les infligía. A pesar de recibir protección pública siendo menores, a los 18 años se veían abocada a la ilegalidad debido a tramas legales abusivas.

Esta reforma, publicada hoy en el BOE, atenúa esas trabas para que prevalezca el interés superior del menor. Se facilita su transición a la vida adulta con unas mínimas garantías de futuro. Estos son sus principales cambios y lo que harán posible:

Documentación y permisos

Uno de los cambios sustanciales es que se reduce a 90 días el plazo administrativo para comenzar a tramitar su documentación. Hasta ahora debían esperar un mínimo de nueve meses. Nueve meses sin derecho a tarjeta sanitaria, a trabajar legalmente, a obtener un título oficial o a hacer deporte federado.

Una vez obtenido el permiso de residencia y mientras sean menores, éste permanecerá vigente durante más tiempo. Serán dos años la autorización inicial y tres años la renovación (antes era un año) hasta la Autorización de Larga Duración.

Esto tiene mucha relevancia porque ninguna persona tutelada verá extinguido su permiso de residencia después de cumplir 18 años. Se evita así la tan temida irregularidad sobrevenida, que en la práctica constituía la cancelación de su protección y de sus derechos.

Además la reforma tiene efecto retroactivo. Si no lograban empleo, los y las jóvenes ex tutelados podían caer en situación irregular después de los 18. También podía ocurrir que cumpliesen la mayoría de edad con la documentación aún sin resolver. Ahora todas las personas entre 18 y 23 años que estén en estos casos podrán solicitar los permisos siempre que reúnan las condiciones requeridas.

Acceso al empleo

Los y las jóvenes menores en edad laboral ya estaban autorizadas para trabajar. Ahora esa autorización queda concedida por defecto y sin trámites asociados. Una vez se hagan mayores de edad, podrán renovar los permisos de residencia y trabajo cada dos años y si acreditan medios económicos suficientes.

Antes de esta reforma afrontaban condiciones desmedidas: debían acreditar ingresos equivalentes al 100% del IPREM (565€ mensuales) la primera vez y el 400% del IPREM (más de 2.000€) en la segunda renovación. Estaban obligados a lograr un contrato estable a jornada completa, algo muy difícil en nuestro actual mercado de trabajo.

Ahora el baremo pasa a ser el 100% del Ingreso Mínimo Vital para una sola persona, es decir, unos 470€ mensuales. Para llegar a esa cifra non solo contará el salario, sino también otras ayudas sociales que la persona pueda percibir.

Este cambio hará más flexible su acceso al empleo. Podrán optar a contratos de menos horas, lo que facilitará su salto al primer empleo. También es de esperar que puedan trabajar en sectores económicos a los que hasta ahora apenas podían optar.

Derecho a la educación

También se tendrán en cuenta los informes de entidades públicas y privadas de protección de menores. Esos informes avalarán su esfuerzo de integración, la continuidad de los estudios o su proceso de inserción laboral.

De este modo se abre una puerta a algo impensable hasta ahora: que las y los jóvenes extranjeros no acompañados puedan continuar estudios más allá de la mayoría de edad. También será más viable compaginarlos con un trabajo a tiempo parcial.

Esta novedad es fundamental para su integración social y para que puedan perseguir un proyecto de vida más acorde a sus deseos.

¿Quién falta?

Este nuevo reglamento debiera ser de aplicación para todas las niñas y niños que cruzan la frontera como menores de edad y sin la compañía de un adulto. Sin embargo, no todos llegan a recibir la protección que necesitan.

Aun cuando tienen acreditada su identidad y minoría de edad en documentos expedidos por sus países de origen, sigue habiendo casos de jóvenes que se ven igualmente sometidos a pruebas de determinación de edad que no son 100% fiables. Cuando esta prueba concluye que son mayores, quedan excluidos de ingresar en el sistema de protección.

En virtud del interés superior del menor recogido en la Carta de Derechos de la Infancia, deben ser considerados menores a todos los efectos cuando existan dudas sobre su edad, y especialmente cuando dispongan de documentación que lo acredite.